El Ejecutivo provincial envió este mes un proyecto de ley que establece el diseño y estructura orgánica para el Ministerio Público de la Defensa, junto con la creación de cargos de un defensor y dos adjuntos designados de manera “inamovibles” por el Gobierno. La polémica radica en el articulo numero 9 del proyecto, el cual especifica que se crearan cargos inamovibles, vitalicios y con incompatibilidades e inmunidades idénticas a las que tienen los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Entre ellas, la misma escala salarial.

Cabe destacar que el proyecto se desprende de otro presentado el año pasado por el expresidente provisorio de la Unicameral, el legislador suspendido Oscar González, quien había presentado una iniciativa que trataba la temática pero que a consideración de sus pares “era más complejo”.

La Iniciativa alteró los ánimos en el arco opositor, principalmente en el interbloque Juntos por el Cambio ya que desde la agrupación aseguraron que la creación del Ministerio Público de la Defensa no se traduce en una mejora del servicio de justicia ni resuelve los problemas que poseen los Asesores Letrados.

El proyecto fue convertido en ley este miércoles y contó con el acompañamiento en general de los bloques Hacemos por Córdoba, Córdoba Auténtica, Identidad Peronista y Juntos por el Cambio. En la votación en particular, estas últimas tres fuerzas se expresaron en contra del artículo 9 sobre los cargos inamovibles.

La creación de esta normativa tiene por objeto “favorecer el acceso a la Justicia de los sectores vulnerables de la sociedad, mediante una asistencia jurídica integral y de calidad para aquellos ciudadanos que la requieran”, explicó la legisladora Julieta Rinaldi al informar el proyecto ante el pleno.

Del mismo modo, la ley garantiza la independencia y autonomía funcional de este ministerio, al precisar que “no se halla sujeto a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura”. Por otra parte, lo relativo a su organización, economía financiera y de recursos humanos dependerá del Tribunal Superior de Justicia.

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Según los fundamentos redactados en el proyecto, “se entiende como necesario institucionalizar el Ministerio Público de la Defensa en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia, jerarquizando y consolidando la actual estructura y organización existente en procura de alcanzar cada vez mayor capacidad de respuesta y agilidad en su tarea específica”.

“Con La nueva estructura orgánica que se propicia se podrá garantizar un diseño orgánico y la puesta en marcha de políticas institucionales que aseguren que la igualdad ante la ley tenga su correlato y se traduzca en la igualdad concreta ante la justicia”,

Para esto, el mismo proyecto establece la creación de la figura del defensor General y dos adjuntos para que sean designados por el Gobierno provincial, “previo acuerdo en la Legislatura de Córdoba”, y que sean nombrados en sus cargos de manera “inamovible”, con iguales incompatibilidades e inmunidades que los miembros del TSJ.

Sólo –se aclaró– podrán ser removidos de sus puestos vitalicios, por “las mismas causales que los jueces, por lo que gozan de las mismas inmunidades y tienen iguales incompatibilidades”.