Desde la Justicia norteamericana advirtieron que cada día que la Argentina no paga el monto asignado por el juicio de 16.000 millones de dólares por la estatización de la petrolera YPF tiene un costo de 2,5 millones de dólares en concepto de intereses, que hasta ahora acumula más de 400 millones de dólares

Es el monto principal y sus intereses están determinados por la jueza federal de Nueva York Loretta Preska, según indicó el especialista Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors.

Juicio YPF:

Desde septiembre de 2023, el momento en que se emitió el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska que condenó a la Argentina a pagar el máximo posible al fondo Burford Capital -titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park-, los intereses acumularon unos 414 millones de dólares.

Para acelerar la situación, Preska convocó a los representantes de la Argentina y a los beneficiarios del caso de la expropiación a una audiencia telefónica que se realizará el 18 de marzo, con el fin de destrabar el proceso de “Discovery” (descubrimiento) de activos embargables del Estado.

El bufete Burford, que compró los derechos de litigio tras la quiebra de las empresas Petersen, de la familia Eskenazi, puso en una lista de presuntos activos embargables a las acciones de YPF en manos del Estado, las concesiones para los recursos naturales, los aviones de Aerolíneas Argentinas, bienes de Arsat, Energía Argentina (Enarsa), el Banco Nación y hasta el swap con China.

Por su parte, los abogados demandantes quieren conocer cada movimiento de dinero del Banco Central (BCRA) al exterior para asegurarse que el Estado argentino pague la deuda, sería a modo de “garantía”.

La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo del ministerio de Defensa del país, había argumentado en febrero que Estados Unidos no puede tener injerencia para fallar sobre leyes de Argentina, por hechos ocurridos en territorio argentino con empresas argentinas.

Argentina apeló el fallo en contra y ahora apuesta a la “hermandad” de países latinoamericanos, es decir, que países de la región acompañen al Estado argentino. En ese sentido, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador se presentaron como “amicus curiae” para defender el argumento soberano: que las decisiones de los Estados no son judicializables en tribunales extranjeros.

El país expropió en 2012 el 51% de las acciones de YPF a Repsol y el resto de los accionistas, cuando según el estatuto de la petrolera debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Por eso, Repsol cobró casi US$ 9.000 millones entre capital e intereses durante los siguientes años, mientras que Petersen Energía y Petersen Energía Inversora se declararon en quiebra en España, luego de no poder pagar los préstamos a los bancos internacionales que financiaron la entrada de los Eskenazi a YPF en 2008.

Los “expertos en mercados regulados” llegaron de la mano de Néstor Kirchner como una “argentinización” de parte de la petrolera y pagaron la compra con las ganancias que fueron retirando año a año, dinero que no reinvirtieron en la empresa y llevó a que en 2011 la Argentina entrara en déficit comercial energético, uno de los principales motivos de la instauración del cepo al dólar.

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Fuente: Noticias Argentinas.