Tras la concentración en Tribunales, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro de actividades con movilización hacia el Congreso Nacional para el próximo 24 de enero de 12 a 24 horas, en rechazo a la serie de medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Se trata precisamente del DNU que desreguló la economía, y de la Ley Ómnibus que busca abrir la economía, reducir el peso del Estado y aplicar cambios en la vida cotidiana.

La medida de fuerza extrema se tomó luego de la reunión del Comité Central Confederal en la sede histórica de la calle Azopardo, donde participaron todos los sectores gremiales, desde los más dialoguistas a los más opositores. Y expuso una decisión que contrasta con lo que ocurrió con los últimos cuatro años, donde no hubo ni un solo día de huelga, pese al deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores.

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El paro y movilización generó sorpresa ya que previo a la reunión sorprendió porque el propio Pablo Moyano había considerado sin sentido hacer una protesta en medio de las vacaciones. “Hay que instalar un plan de lucha. En enero y febrero los laburantes se toman vacaciones. Entonces tomar una medida en ese momento no tiene mucho valor. Pero sí ir movilizando con actos, plenarios, en las regionales del interior, y que en cada provincia visiten a sus diputados y senadores para que después no voten leyes contra los derechos de los trabajadores”.

La decisión de adelantar las medidas de fuerza no fue sencilla y demandó de duras conversaciones. Hubo incluso quienes pretendían una acción inmediata. Los que sugerían demorar el paro nacional argumentaban que cualquier acción de peso necesita un decantamiento natural en línea con el humor social por lo que las miradas se posaban en la parte final del verano, entre fines de febrero y comienzos de marzo

La sede de la CGT se elaboró un plan de acción que incluye además una reunión con las sedes regionales el 10 de enero como paso previo a la primera medida de fuerza convocada por la central desde marzo de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. También insistir por la vía judicial contra el DNU, reclamar reuniones con todos los bloques de diputados y senadores frente al DNU y la Ley Ómnibus y la coordinación con las demás Centrales Obreras para articular medidas en conjunto.