Este miércoles a la madrugada, Diputados votó el proyecto que había vuelto con cambios desde el Senado y que impulsaba el kirchnerismo.

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Los cambios aplicados a la actual normativa en el Congreso no fueron bien recibidos por las entidades del mercado inmobiliario. ¿Cuál es el principal motivo del descontento? Que el método de ajuste aprobado en la Cámara baja que elimina el Índice de Contratos de Locación (ICL) perjudica más a los propietarios y así habrá menos inmuebles en alquiler tradicional y en pesos.

Desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), señalaron que: “Los corredores inmobiliarios en todo el país hemos sido testigos de la irresponsabilidad de nuestros legisladores, cuyo dictamen de mayoría en el Senado, al ser aprobado en la Cámara de Diputados, no hace más que agravar la ya caótica situación de los inquilinos en todo el país, pero parece que esto no preocupa”.

En un comunicado destacan la gravedad de la situación: “Estudiantes que no pueden comenzar sus estudios debido a la falta de vivienda en las ciudades universitarias, jóvenes que se ven impedidos de comenzar una nueva etapa en sus vidas, y familias enteras sin un lugar al cual mudarse. Mientras la política argentina busca culpables, la única responsable de esta situación es la Ley 27.551, votada por unanimidad por el Congreso de la Nación el 11 de junio de 2020, sumada a una inflación descontrolada, la segunda más alta en el mundo”.

El texto manifiesta como solución que se establezcan reglas claras: “Como ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, esto se logra volviendo a los 24 meses de plazo mínimo legal, con actualizaciones según las partes acuerden voluntariamente y con incentivos fiscales para alentar la inversión y la construcción de nuevas viviendas que sean volcadas al mercado locativo para aumentar la oferta que hoy es inexistente”.

El Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), que representa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido un comunicado enérgico en rechazo a la reforma. Desde Córdoba también comparten el rechazo. Apuntan a la actualización de contratos a través del Índice “Casa Propia” y plantean que agravará la crisis en el mercado locativo, que ya es considerada la peor en su historia.