Un hecho de abuso sexual ocurrido en un consultorio ginecológico privado de la ciudad de Córdoba tomó trascendencia luego de que el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4° Nominación dictaminara la criminalidad del acto perpetrado por el médico, y determinó que la mujer fue víctima de violencia de género tipo psicológica y sexual.

El tribunal corroboró que la consulta ginecológica se llevó a cabo en un consultorio que no contaba con la infraestructura y los recursos indispensables para resguardar el pudor de la paciente. No contaba con un biombo para que pueda quitarse la ropa antes del examen y no se le entregó una bata para minimizar el impacto de la desnudez. Además, durante la consulta ingresó al consultorio personal de limpieza, porque la puerta no estaba cerrada y la sala estaba en un sector de amplía circulación. 

Para la jueza Mariana Wallace, el médico “no resguardó el mínimo legal exigible” y expuso a su paciente a “una incomodidad adicional y evitable en práctica médica sensible que sólo afecta a las mujeres”. 

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Sin especialidad

El tribunal comprobó que el profesional denunciado no era especialista en tocoginecología, pese a que la publicidad de centro médico lo colocaba como prestador de dicha especialidad. “Es responsabilidad del profesional: a. no difundir información engañosa y b. prestar servicios como especialista si se encuentra habilitado como especialista. Correlativamente, es responsabilidad del centro médico no difundir/avalar publicidad engañosa, no facilitar el ejercicio de la medicina como especialistas a quienes no lo son”, enfatizó la magistrada.

Presunción de veracidad

La jueza Wallace también refirió que la mujer había experimentado la intervención médica como una práctica abusiva por la doble revisión genital, la extrema cercanía del rostro del médico a su cuerpo y la revisión simultánea de las mamas con una mano en cada una de ellas. Si bien admitió que determinar el límite entre el contacto necesario en condiciones de respeto al cuerpo de la paciente y el tocamiento abusivo puede ser altamente dificultoso, señaló que otras mujeres también declararon haber atravesado situaciones similares e, incluso, más gravosas.

La magistrada señaló que el cotejo efectuado por las testigos resultó absolutamente consistente con relato de la víctima, más allá de la presunción de veracidad de la cual goza. “Los denunciados no constituyeron un hecho aislado; sino que, por el contrario, fueron el resultado de la violencia estructural de género y de un patrón sociocultural justificado en el predominio masculino del profesional sobre el cuerpo de otras (mujeres), causándoles a sus pacientes sentimientos de humillación física y emocional, colocándolas en un plano de absoluta desigualdad. No las trató como personas”, explicó Wallace. 

Notificaciones y atreintes

Por toda esta situación, la jueza Wallace dispuso poner en conocimiento al Tribunal de Ética del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba para que determine si el médico denunciado trasgredió el Código de Ética profesional y si le corresponde alguna sanción. También informó a los entes habilitantes del Consejo Médico, la Municipalidad de Córdoba y el Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (Rugepresa) que el centro de salud induce a los pacientes a creer que el médico denunciado es especialista en obstetricia y que provee espacios inadecuados para ejercer esta especialidad.

Análisis económico de la violencia de género

Finalmente, el tribunal admitió un pedido de astreintes (pago provisional destinado a impulsar el cumplimiento de una obligación) solicitado por la damnificada. En este sentido, la jueza Wallace refirió que el médico pudo cesar inmediatamente la violencia de género y, sin embargo, retomó el ejercicio de dicha especialidad sin el título correspondiente. En consecuencia, para reequilibrar la injusta transferencia económica operada a costa de la denunciante, el tribunal condenó al demandado a pagar 336.000 pesos de astreintes a favor de la víctima. El monto establecido equivale al valor de una consulta psicológica (7.000 pesos) cada quince días por dos años de tratamiento.